domingo, 19 de noviembre de 2017

¿Realmente cumple su objetivo el voto en blanco?

“El voto en blanco es una hermosa quimera que se debe eliminar”.

Después de realizar un análisis sobre la prohibición constitucional que tienen los miembros de la Fuerza Pública para ejercer su derecho al sufragio; así como también se dejó en evidencia la necesidad de regular el voto obligatorio con sus respectivas sanciones y beneficios, nos corresponde culminar esta serie de tres artículos con la indagación de la funcionalidad del voto en blanco en las diferentes elecciones.

El voto en blanco según la Corte Constitucional (Sentencia C – 490 del 2011), es una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad por parte de los ciudadanos con los candidatos políticos en un momento determinado, protegiéndose así la libertad del elector; aclarando que no es igual que el voto nulo o invalido, el cual se genera al marcar erróneamente el tarjetón, o en su defecto no hacerlo.

Lo que muchos ciudadanos no saben es que el artículo 9 del Acto Legislativo 01 del 2009, regula que si el voto en blanco obtiene la mayoría en una elección, la misma se debe repetir por una sola vez, en donde los nuevos candidatos se podrán inscribir en un término de 10 días; y en caso tal de que ganara nuevamente el voto en blanco, quedaría como victorioso el candidato que alcanzó la mayoría de votos válidos.

Este mecanismo a pesar de tener un buen objetivo, el mismo se convierte en una quimera, toda vez que analizado en concreto lo único que hace es afectar el presupuesto de la nación y anular la responsabilidad que deben tener los ciudadanos de sentarse a estudiar las propuestas de cada candidato; de tal forma que este mecanismo solamente beneficia a los monopolios políticos, que son los únicos capaces de someterse una nueva candidatura y cambiar las listas rápidamente; dado el caso que nuevamente obtenga la mayoría el voto en blanco, en realidad no estaría ganando por lo mencionado al finalizar el párrafo anterior.

Luego entonces, nos encontramos por ejemplo con 10 candidatos de los cuales 3 son los mismos de siempre y hay 2 que tienen buenas propuestas pero no tienen el apoyo de la gente porque no poseen la llamada “maquinaria electoral” y la misma población ya los da por perdedores, optando por abstenerse, realizar votos inválidos o votar en blanco (3 circunstancias que dispersan votos); si se estipula el voto obligatorio eliminándose así la abstención, y se elimina el voto en blanco, las personas estarán presionadas para estudiar realmente las propuestas y poder escoger al mejor candidato; si bien es cierto, existe el voto nulo, pues que se tome éste último como el voto de protesta.

Por lo tanto, resulta necesario que el Estado investigue si realmente el voto en blanco cumple el propósito para el que fue creado, o si por el contrario solamente es un simple sueño, del que muchos ciudadanos hace alarde, pero que en realidad no solucionada nada, y le deja la vía libre para que el monopolio político aumente su estructura y se asiente perpetuamente en el poder; en pocas palabras: El voto en blanco es una hermosa quimera que se debe eliminar.

lunes, 13 de noviembre de 2017

El voto obligatorio es el castigo para la sociedad indolente.

Es necesario el voto obligatorio para imponerle una responsabilidad a la ciudadanía inoperante”.

Siguiendo esta serie de tres artículos donde se reflexiona sobre el derecho al sufragio, es fundamental precisar que en las últimas elecciones realizadas (incluido el plebiscito por la paz), el abstencionismo ha sido una constante en aumento donde la participación electoral ha disminuido considerablemente de manera progresiva; motivado más por una sociedad desinteresada de la política y del Estado, que por asuntos climáticos o de transporte. Lo anterior, provoca las siguientes consecuencias: que el pueblo abandone su deber constitucional, se dé un apoyo a la corrupción por omisión, y se facilite la captación de votos por parte de los candidatos.

Fredy Andrés Borrero, Magíster en Estudios Políticos y Catedrático de la Universidad de la Sabana, afirma que la abstención oscila entre el 50% y 55% para elecciones nacionales y en las locales del 40% al 50%, según información publicada por El Colombiano y documentos investigativos expuestos por la Registraduría Nacional; porcentajes que fueron superados por el 60% que existió en las elecciones presidenciales del año 2014 y el 62% del plebiscito por la paz. Al ser la democracia el gobierno de la mayoría, se necesita que esa población actúe, y si no lo hace voluntariamente hay que obligarlos a hacerlo, para poder mantener este sistema que a pesar de tener muchas falencias, es el mejor posible.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 21), la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 23) y la Constitución Política (Art. 40, 95 # 5 y 258) consagran el sufragio solamente como un derecho que se debe ejercer libremente, el cual al provenir del pueblo se convierte en la base del poder público. Frente a esto, la Corte Constitucional en su jurisprudencia afirma que no sólo debe ser entendido como un derecho individual, sino como una función o un deber, en cuanto contribuye a la formación de la voluntad política y al buen funcionamiento del sistema democrático y pluralista, el cual debe contar con una adecuada, consciente y eficiente organización electoral.

A nivel internacional son muchos los países que cuentan con el voto obligatorio, dentro de los cuales encontramos a Argentina, Uruguay, Perú, Brasil, Ecuador, México, Paraguay, entre otros; dentro de los cuales se ha comprobado que la participación electoral aumenta dependiendo del tipo de sanción que se le imponga a la abstención, la cual podría ser: multas económicas, prohibirles ejercer funciones públicas, no poder realizar trámites en oficinas públicas, no poder cobrar mesadas pensiones, suspenderles una parte del salario, ser suspendido del trabajo, entre muchas otras variantes.

Pero no solamente debemos centrarnos en un castigo, también se podría analizar el incremento de los beneficios para esas personas que participen en las votaciones; una coordinación adecuada de estas medidas van a presionar a la población para que participe activamente dentro de un ambiente político que directa o indirectamente los va a terminar afectando.

lunes, 6 de noviembre de 2017

La Constitución Política viola un derecho humano.

Hace un tiempo quería hacer un artículo relacionado con un tema que es el detonante de una polarización marcada entre quienes lo defienden y sus detractores, los cuales nunca han sido capaces de llegar a un consenso; el tema al que se hace referencia es al voto militar. Este debate se reabrió dentro del Congreso y diversos foros de opinión por la presentación del Proyecto de Acto Legislativo 003 del 2016 el cual buscaba modificar el artículo 219 de la constitución política, con la finalidad de regular el sufragio de los miembros de las fuerzas armadas de Colombia.

Este proyecto lastimosamente no estuvo en la conversación de los colombianos, pero es una modificación necesaria para poder lograr la materialización del derecho fundamental que poseen los miembros de la Fuerza Pública en general (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía), en su condición de ciudadanos y de seres humanos; afirmación que tiene como fundamento la propia constitución política, y parte del bloque de constitucionalidad (Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convención Americana de Derechos Humanos) que lo reglamentan como un derecho universal, el cual sólo puede ser limitado[1] con ocasión de: la edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal.

Volviendo a la constitución, la ciudadanía sólo se pierde por renuncia a la nacionalidad, luego entonces, no puede un artículo constitucional violentar lo estipulado en un derecho fundamental por su propio texto, ordenándole a un ciudadano que para defender la patria deba renunciar a este; es una total contradicción con los fines del Estado Social de Derecho. La fuerza Pública debe poder ejercer su voto y así poder otorgarle más legitimidad a sus funciones, sintiéndose incluidos dentro de la ciudadanía colombiana.

Los que se oponen a esta modificación, presentan argumentos como: la fuerza pública ha participado en violaciones a derechos humanos y alianzas con grupos armados al margen de la ley, son un régimen castrense de jerarquía donde prima la obediencia debida, tienen el monopolio de la fuerza, se puede dar chantajes electorales, pueden dar un golpe de Estado, no tienen suficiente discernimiento, entre muchas otras aseveraciones vacías, que resulta sorprendente escuchar en la actualidad mundial.

Es injusto que a los miembros de la fuerza pública, encargados de proteger la democracia no puedan ejercerla; se les acusa previamente de ir a manipular a los colombianos en elecciones generalizando errores puntuales de la institución y dejando ver a los ciudadanos como simples seres sin capacidad para razonar; por otro lado no se necesitan las armas para comprar votos porque eso ya lo están haciendo los políticos a lo largo de la historia, a los cuáles se les debería limitar este derecho también; por qué el Presidente puede elegir y ser reelegido, si se sigue esta teoría los congresistas no podrían votar, tampoco los  dueños de una compañía, los jefes laborales,  los padres de familia y en general nadie podría votar.

Por lo tanto resulta necesario, comenzar a materializar una constitución que se encuentra inaplicada, y uno de esos pasos es efectivizar un derecho que en muchos países es permitido, como lo es en Argentina, Chile, México, Uruguay, España, Francia, Italia, entre otros, porque no hay razón alguna que fundamente realmente y legitime una prohibición de tal magnitud; Tal vez una manera de realizarlo sería que sólo pudiesen votar en elecciones a nivel nacional (Presidencia y Senado), irles otorgando el derecho al sufragio de manera escalonada o que voten un día antes, entre muchas otras estrategias que se podrían realizar para cumplir con este deber, eso sí hablo del derecho al voto, no a ser elegido mientras están en servicio activo que si es una circunstancia que se debe seguir prohibiendo. Todo esto es necesario para desarrollar la verdadera democracia, toda vez que para dar un golpe de estado no se necesita de voto sino de las armas, y hasta ahora no se ha dado.

[1] Convención Americana de Derechos Humanos (1969). Art. 23 - Numeral 2. 

domingo, 29 de octubre de 2017

Colombia sin una acertada tridivisión de poderes.

Ya en artículos anteriores como: “El congreso colombiano desperdicia la oportunidad de un cambio trascendental” y “¿Promulgar normas jurídicas sin legitimidad hace necesario un nuevo contrato social?”; iba dando pista de la reflexión que hoy les presento. Montesquieu en su obra “El Espíritu de las Leyes” explicaba que las funciones del Estado debían dividirse en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales deberían ser independientes entre ellos, con el fin de que exista un sistema de pesos y contrapesos que les permita controlarse mutuamente.

En la Constitución Política de 1991 se buscó estructurar esa tridivisión de poderes, pero la realidad política marca otra tendencia; un ejemplo de lo anterior lo observamos en la presente campaña por la Presidencia de la República (cargo del poder ejecutivo), al que se encuentran aspirando Congresistas y ex Congresistas (Legislativo), ex Ministros, ex Alcaldes, ex Gobernadores y ex Vicepresidentes (ejecutivo), Ex procuradores (organismos de control) y en donde las altas cortes se encuentran flaqueando por su poca transparencia frente a los mencionados anteriormente.

Todo lo reflejado en el párrafo precedente conlleva que al momento de que una persona ocupe un cargo público, en detrimento del interés que debería representar ejerza su función de manera tendenciosa con el fin de lograr llegar a otro puesto con más poder. Por ejemplo: un Procurador no va ejercer un control adecuado si se va a dedicar a perseguir a los que no les conviene y hacerse el ciego con sus aliados; o un Congresista va a utilizar su curul como plataforma para lanzar su campaña como quedó visto en el debate de corrupción presentado por la coalición Colombia en semanas anteriores (Claudia López y Jorge Robledo).

Entendido esto, es necesario comprender la urgencia de una reforma estructural a los tres poderes del Estado y sus organismos de Control, firmando así un nuevo contrato social; en donde se profesionalice el Congreso, se elimine la representación proporcional, que los Presidentes no salgan de los mismos partidos que eligen a los candidatos para ser congresistas, alcaldes y gobernadores, porque ya desde el filtro primario se está impidiendo el control adecuado; los jueces deben seguir su carrera hasta las altas cortes y dejar a un lado las ternas propuestas, y en general una estructura que sea completamente estricta en donde prime la inhabilidad, la cual va a impedir que un congresista pueda llegar a ser Presidente, que un juez sea Congresista, entre muchos ejemplos más que permitirían lograr consolidar un equilibrio más adecuado.

Con esta independencia de funciones y de estructuras se pueden lograr unas instituciones más sólidas que van a permitir un verdadero sistema de pesos y contrapesos como el planteado por Montesquieu inicialmente; mientras esto no se realice, seguiremos viendo como el entramado político va aumentando su cosa nostra en base de los intereses de la población y así poderse repartirse el poder los mismos con las mismas sin vigilancia estricta.

domingo, 22 de octubre de 2017

El decaimiento moral y educativo de la sociedad colombiana.

En la Colombia contemporánea nos encontramos ante una sociedad indiferente y obcecada parcialmente ante su propia realidad, en donde a las personas no les interesa los problemas nacionales y se abstienen de participar activamente para solucionarlos; por el contrario, buscan equivocadamente sacar una ventaja efímera inmediata, en perjuicio de un buen futuro a largo plazo, a partir de las relaciones políticas locales.
Hace un tiempo, invitaba a la sociedad a abandonar la sumisión a la corrupción, pero hoy los llamo a ir más allá y liberarse de esas ataduras de la historia de Colombia, en donde la transgresión del ordenamiento jurídico se ha vuelto cotidiano dentro del nuevo Estado de naturaleza que se vive al interior de una estructura estatal completamente deslegitimada. Le corresponde a absolutamente todos el comenzar a construir una verdadera nación.
Si bien es cierto los políticos se encuentran investigados por una justicia que flaquea en su transparencia, hay una parte de estos funcionarios que se encuentran realizando bien su tarea y esperamos que den los resultados esperados; pero la historia de Colombia sólo se puede iniciar a transformar a partir de actos personales, somos los ciudadanos quienes elegimos a nuestros verdugos y en vez de buscar darle vuelta a esta situación, la sociedad ha ido retrocediendo y sometiéndose sin oponer resistencia alguna.
Hace un tiempo un gran amigo me decía: en este país es necesaria una reeducación en el marco del posconflicto; frase que describe elegantemente una realidad descarnada. Esa realidad hace referencia a una sociedad compuesta por personas que no le interesa lo que le suceda al otro, egoísta, pragmática, no respetan las normas, no cumplen las sentencias judiciales, le dan mal ejemplo a los hijos, los docentes quieren educar a una nueva generación con doctrinas discriminatorias y excluyentes del pasado, no hay tolerancia y mucho menos respeto, entre muchas circunstancias más que han convertido a Colombia en un maremágnum moral.
Hay una seria preocupación con la clase política, pero el problema más grande de Colombia es su sociedad inactiva y cómplice; a la cual le llegó el momento de reaccionar y autogestionarse en el marco de un momento que podría ser histórico si se logra consolidar un acuerdo de paz con todos los actores del conflicto armado interno. Un ejemplo sería que constitución política y el código civil se lo deberían saber todos los colombianos de memoria, pero no para practicar el derecho sino para vivir en comunidad.
Llegó el momento en que la sociedad dé un paso al frente, hoy más que nunca se necesita de un líder nacionalista, y no hay que tener miedo a decirlo, no un político que se dedique que desprestigiar al adversario utilizando demagogia, sino que se interese por Colombia nada más, lastimosamente no lo hay en la abundancia de candidatos frívolos.

jueves, 14 de septiembre de 2017

Opinión Rápida: Abandonemos la sumisión a la corrupción.

El candidato a la Presidencia de Colombia por el partido político Polo Democrático Alternativo y actual senador Jorge Robledo, el día de ayer hizo tres comentarios en el foro anticorrupción que presentó la W Radio que vale la pena difundir: “Hay que derrotar el continuismo”, "Hay que cambiar el sistema de valores impuesto donde ser honrado y tener vida austera es una especie de estupidez”, y "La gente debe cambiar su manera de pensar y de actuar para empoderarse en la lucha contra la corrupción".

Actualmente en Colombia se está viviendo un momento histórico del cual pareciera que el ciudadano de a pie no logra dimensionar, en la historia reciente de nuestro país encontramos a una población vulnerable a una violencia deshumanizada liderada por el Narcotráfico (Cartel de Medellín, de Cali, del norte del Valle, entre otros), las guerrillas (FARC – EP, ELN, EPL, M – 19, entre otros), los Paramilitares (AUC y Bacrim), los falsos positivos cometidos por la Fuerza Armada y una diversidad de actores extranjeros.

El Gobierno de Juan Manuel Santos a pesar de sus errores, siempre tuvo una idea firme de paz que mal o bien ha logrado mostrar un futuro esperanzador como nunca antes se había visto, en donde las FARC- EP se desmovilizaron, se logró un cese bilateral al fuego con el ELN que permite continuar las negociaciones, el temible Clan del Golfo mostró su voluntad de acogerse a la justicia, el proceso de Odebrecht ha desmantelado todo el sistema corrupto del país que involucra todas las ramas del poder público, los órganos de control e investigación y el sector privado; es decir, tenemos la oportunidad de construir una nueva Colombia.

Pero para eso, es necesario como dice Robledo abandonar ese pensamiento de que ser honrado es una estupidez, nuestra historia en vez de volvernos fuertes y hacer que rechazamos la corrupción, nos ha vuelto sumisos a ella; por lo que es necesario abandonar ese status quo y participar activamente en las elecciones y en el control político, porque a partir de estos actos, nuestros líderes van a poder continuar el camino que controversialmente inició Santos pero que necesita de una unidad nacional que rompa el continuismo.

miércoles, 6 de septiembre de 2017

Opinión Rápida: Seamos capaces de dar el primer paso.

La presente opinión se encuentra alejada de dogmas religiosos pero es necesario tratar el tema desde la actualidad de Colombia; con motivo de su visita a nuestro país, el Papa Francisco en su calidad de cabeza visible de la iglesia católica, reflexiona sobre la capacidad que debemos tener todos los colombianos para “dar el primer paso”, el cual es necesario para emprender todos los proyectos de nuestras vidas, pero sobre todo para tener la capacidad de extenderle la mano al prójimo en busca de consolidar una paz estable y duradera.

Afortunadamente, el Presidente Juan Manuel Santos después de ser el Ministro de Defensa que más golpes le conectó a las FARC - EP, tuvo la inteligencia de dar ese primer paso y sentarse a negociar una paz con este grupo armado con toda la controversia conocida, para que posteriormente lo hiciera con el ELN; luego entonces es obligación ahora de las víctimas, victimarios y terceros alejados del conflicto armado, tener la valentía y el respeto de extender la mano para lograr una sociedad menos volátil que permita su desarrollo; no es algo fácil, pero no podemos permitir que los prejuicios, la desconfianza, el orgullo y la arrogancia nos ciegue en estos momentos.

Pero no es sólo en este ámbito, es necesario que absolutamente toda la población colombiana salga a votar en las próximas elecciones, que uno no espere a que el otro decida; Colombia se encuentra en un momento en donde absolutamente todas las instituciones se encuentran deslegitimadas, y es una oportunidad de oro para romper el círculo vicioso de corrupción y poder elegir un Presidente honesto que tenga la capacidad de dar ese primer paso en una sociedad que recibe el posconflicto con la insurgencia, escoger a un Congreso que de verdad quiera mejorar a este país y que a partir de ahí se vaya estructurando la recuperación de la legitimidad en las demás instituciones y órganos del Estado.